Siguiendo con la tónica del anterior post, ayer charlando con unos amigos de una ONGD (mejor quede en el anonimato, no sea que encima va y les den por los cuatro costados) me reafirmo en las mismas contradicciones. Sabía que cierta administración pública local, que les había financiado varios proyectos, les enviaba un paracaidista evaluador para hacer (moriros de la risa, por favor) una “evaluación de impacto” (sí, sí, en 4 días 3 proyectos en 3 localizaciones diferentes). Yo creo realmente que lo que quería la entidad donante era batir algún record Guiness o alguna plusmarca mundial…

Pues no contentos con eso, la buena gente de mis amigos, que ya me han oido decir alguna que otra vez eso de la “socialización” de resultados, van y le piden el informe de evaluación, por supuesto con toda la cortesía que podáis imaginar. Respuesta: no, es confidencial.

No, señor, disculpe. No lo es. Y no debe ser. ¿Qué aprendemos si los informes se quedan en cajones? (voy a ser iluso, una vez más, y voy a pensar que los informes de evaluación son leídos y usados alguna vez para algo). Y si nos ponemos escrupulosos, de lo poco que se de procedimiento administrativo común de las instituciones públicas en nuestro país, ese informe forma parte de un expediente, que en el momento se cierre, puedo consultar hasta yo mismo como ciudadano, sin ni si quiera tener nada que ver ni con la ONGD, ni con la contraparte ni con nada.

Bueno, para que no parezca que aquí hay buenos y malos: ni mis amigos han hecho una reclamación en firme ni yo he hecho nunca un recurso de este tipo, reivindicando mis derechos como ciudadano. Así nos va…