Hace tiempo que sigo (sin participar, mea culpa) una lista de discusión por correo alrededor del Mapeo de Alcances. La verdad es que es muy activa y confieso que apenas puedo seguir al detalle muchas de los debates que se generan. Estos días me dio por seguir uno alrededor de cuestiones un tanto profundas, un tanto elevadas, más si se tiene en cuenta que el que suscribe es un infeliz cuya (de)formación es tecnológica: distinciones entre “conducta” o “actitud” a la hora de evaluar, los mecanismos para analizar la sostenibilidad de los cambios producidos en esta línea, las relaciones de poder intrínsecas al término “influencia“…uf, reconozco que la cosa me quedaba más que grande.

Eso me ha recordado una discusión que tuve hace un par de semanas con m compañera de equipo de evaluación, en una estancia en San Salvador, alrededor de un componente de proyecto que estábamos estudiando. Salió la cosa de si el Ministerio X se había “apropiado“, “empoderado“, o simplemente tal política se había “institucionalizado“. En fin, visto con perspectiva, de mucha risa.

Yo soy de los que creo en el uso preciso de los términos. El problema se genera cuando los términos no están unívocamente definidos. ¿Qué implica “institucionalización“? ¿Qué lo diferencia de “apropiación“? Y ya que esta gente de los Mapeos de Alcances discutía del tema, ¿cómo valorar la sostenibilidad de dicha institucionalización/apropiación?

Esta disquisición puede parecer tan estéril como lo parece la que he citado para ejempificar. Pero hay algo no tan baladí: ¿y si somos capaces de justificar cualquier cosa con tan solo emplear uno u otro término? Entonces ya estamos cambiando la dimensión del problema. Estamos ante una cuestión ética. Y eso son, como dicen los nicas, “otros cien pesos”.